Al recibir el miércoles sus credenciales como presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa prometió que durante su gestión enfrentará a los grupos criminales y vinculados con la corrupción. Daniel Noboa, de 35 años e hijo del hombre más rico del país, se apresta a gobernar hasta mayo de 2025 para completar el período del actual presidente Guillermo Lasso, quien en mayo disolvió la Asamblea —y como marca la ley acortó su propio mandato— cuando se disponía a someterlo a un juicio político que buscaba su destitución.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, entregó las credenciales a Daniel Noboa y a la vicepresidenta electa Verónica Abad, los cuales tendrán que hacer frente a una profunda crisis económica y a la mayor ola de violencia de los últimos años provocada, según las autoridades, por grupos vinculados con el narcotráfico y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Noboa anticipó que su accionar seguramente implicará una reacción de las organizaciones criminales y las que han estado vinculadas con la corrupción en el Estado durante décadas pero advirtió que "no vamos a tener tolerancia”.
Atamaint, por su parte, destacó que los ecuatorianos sueñan con un país sin corrupción, con más seguridad, más empleo, más salud y educación y expresó que “es hora de dejar de lado las rencillas y posiciones radicales que nos han conducido a una polarización tóxica de la política” y convocó a la unidad nacional.
La ceremonia de transmisión del mando está prevista para el 23 de noviembre en una sesión especial que debe convocar la Asamblea, cuyos integrantes deben reunirse previamente para instalar a ese órgano legislativo que estará en funciones el mismo tiempo del mandato de Noboa.
Entre los más grandes retos de Noboa están una deuda externa de casi 47.400 millones de dólares —alrededor del 50% del Producto Interno Bruto— y un déficit fiscal que a fin de año llegará a 5.000 millones de dólares, lo que impide que el Estado disponga de dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos en los dos últimos meses del año.
A ello se suma la creciente ola de inseguridad que ha puesto al país entre los más violentos de la región con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes.