Congresistas de tres partidos derechistas presentaron el jueves ante el Parlamento del Perú un pedido de destitución para remover del cargo al presidente izquierdista Pedro Castillo, quien tiene apenas cuatro meses en el poder, alegando su supuesta "incapacidad moral" para ejercer sus funciones.
Pero su admisión a debate en el pleno no está garantizada pues este paso requiere el 40% de votos a favor entre los legisladores asistentes. Y para remover a un presidente se necesitan 87 votos del total de 130 congresistas.
"Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú", dice el texto de la moción que difundió la prensa y redes sociales.
Castillo que compitió en las elecciones contra Keiko Fujimori, por su parte, manifestó sentirse "tranquilo" tras la presentación del pedido de vacancia en el Parlamento.
"A mí no me preocupan los ruidos políticos, porque a mí me ha elegido el pueblo, no me ha elegido la mafia ni los corruptos. Por eso me debo al pueblo. Estoy tranquilo", dijo el mandatario en la ciudad andina de Jauja (centro), donde llegó a inaugurar obras sociales.
El Parlamento unicameral peruano es dominado por una oposición de derechas, mientras el oficialista partido Perú Libre (marxista) es la primera minoría con 37 votos.
La líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado el viernes pasado que su partido, Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso (24 votos), apoyará el pedido de destitución.
“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la Bankada FP (Fuerza Popular) ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, dijo Keiko Fujimori en su cuenta en Twitter.
La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde el día siguiente de su elección, cuando los partidos de derecha denunciaron fraude a pesar del aval dado a los resultados por las autoridades electorales y los observadores de la OEA y la Unión Europea.
