La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunció la existencia de al menos nueve presuntos planes de atentado dirigidos contra su integridad física, entre ellos un supuesto ataque con francotirador, según reveló durante una conferencia de prensa.
Gobierno mantiene investigaciones sobre las amenazas
La presidenta explicó que la información sobre estos supuestos planes proviene principalmente de reportes de inteligencia policial y penitenciaria, lo que ha generado preocupación dentro del Ejecutivo costarricense.
Fernández agregó que no solo ella ha sido objeto de amenazas, sino también integrantes de su gabinete y miembros de su familia, situación que ha elevado las alertas de seguridad en torno a la Presidencia.
De acuerdo con la mandataria, todos los reportes fueron remitidos al Ministerio Público para que se desarrollen las investigaciones correspondientes y se determine la veracidad y el alcance de los supuestos planes.
Explosión durante gira oficial aumentó las preocupaciones
Las declaraciones de Fernández se producen apenas un mes después de que fuera evacuada de emergencia durante una gira oficial en una zona afectada por la minería ilegal en el interior del país.
El incidente ocurrió el 20 de junio, cuando una explosión obligó a suspender la actividad y activar los protocolos de seguridad presidencial.
Además, días antes de ese hecho, el Gobierno había informado sobre la recepción de datos relacionados con un supuesto plan que estaría siendo organizado desde un centro penitenciario.
Presidenta pide reforzar la seguridad de los funcionarios públicos
La jefa de Estado subrayó que las investigaciones buscan prevenir cualquier acción que pueda poner en riesgo a funcionarios del Gobierno o a sus familiares.
Las autoridades costarricenses no han divulgado detalles adicionales sobre los sospechosos ni sobre el avance de las investigaciones.
Antecedentes de denuncias sobre complots en Costa Rica
Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo, tras suceder a su mentor político, Rodrigo Chaves.
Durante la administración de Chaves, el Gobierno denunció en enero la existencia de un supuesto complot para atentar contra el entonces mandatario. Sin embargo, las autoridades no presentaron públicamente pruebas concluyentes que respaldaran esas acusaciones.
Las nuevas denuncias de Fernández vuelven a colocar el tema de la seguridad presidencial y las amenazas contra altos funcionarios en el centro del debate político costarricense.