Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) denunció que al menos 29 personas permanecían desaparecidas en Nicaragua hasta el 31 de agosto de 2026 y advirtió que esta práctica podría constituir crímenes de lesa humanidad.
El reporte documenta 161 casos de desaparición forzada desde 2018 y señala además la muerte de ocho personas que se encontraban detenidas por motivos políticos. Los expertos consideran que el número real de personas desaparecidas podría ser superior.
El grupo de expertos sostiene que las desapariciones pasaron de ser episodios de corta duración utilizados para castigar a detenidos e intimidar a sus familiares a convertirse en una práctica prolongada y recurrente.
Según el informe, algunas personas han permanecido desaparecidas durante meses o incluso años.
Expertos califican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad
El informe, titulado “Anatomía de la crueldad estatal”, sostiene que las desapariciones fueron ejecutadas mediante la coordinación de distintas instituciones estatales y una cadena de mando que, según los investigadores, llega hasta los niveles más altos del gobierno.
Los expertos consideran que estas prácticas pueden constituir crímenes de lesa humanidad, al incluir actos relacionados con encarcelamiento, tortura, persecución por motivos políticos y otros actos inhumanos.
El grupo pidió al gobierno nicaragüense revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a quienes permanecen detenidos por razones políticas e investigar las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Entre los fallecimientos mencionados se encuentra el de Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, quien murió en 2024.
La represión en Nicaragua se intensificó después de 2018
La situación denunciada por Naciones Unidas se remonta a las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según organismos internacionales.
Desde entonces, miles de nicaragüenses han abandonado el país y la oposición política se ha reducido considerablemente.
El gobierno de Daniel Ortega sostiene que las protestas de 2018 formaron parte de un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, una interpretación que ha sido rechazada por sectores opositores y organismos internacionales.
El Grupo de Expertos de la ONU fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 e identificar a sus responsables.
Reforma constitucional amplía el mandato presidencial
La denuncia de Naciones Unidas ocurre en medio de nuevos cambios políticos en Nicaragua.
El pasado 2 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera votación una reforma constitucional impulsada por Ortega y la copresidenta Rosario Murillo que amplía de seis a siete años los períodos de los principales cargos públicos y establece restricciones para la participación de partidos opositores en futuras elecciones. La reforma debe ser ratificada en una segunda votación conforme al procedimiento constitucional nicaragüense.
El proceso se suma a los cambios políticos impulsados por el gobierno nicaragüense desde las protestas de 2018.
Caso de Brooklyn Rivera
El informe de los expertos también dedica especial atención al caso del líder indígena Brooklyn Rivera, quien murió en mayo pasado después de permanecer casi tres años bajo detención arbitraria.
Según los investigadores, Rivera sufrió dos períodos prolongados de desaparición forzada durante su detención.
Los expertos cuestionaron además las explicaciones oficiales sobre su muerte y señalaron que presentaban inconsistencias médicas que no pudieron ser verificadas debido a la ausencia de una investigación independiente.
El gobierno había informado que Rivera sufrió varias infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras estaba hospitalizado y aseguró que recibió atención médica especializada.
Sin embargo, los expertos señalaron que durante los 32 meses de detención, la familia de Rivera no tuvo acceso a su historial clínico y que tampoco se practicó una autopsia que permitiera determinar de manera independiente la causa de su muerte.
ONU pide esclarecer el paradero de los desaparecidos
Ante este escenario, el Grupo de Expertos pidió al gobierno de Nicaragua esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y adoptar medidas para garantizar investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
La ONU sostiene que las desapariciones forzadas documentadas forman parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y represión política en Nicaragua.