Seis exguerrilleros fueron capturados en El Salvador por la policía por presuntamente participar en el secuestro, tortura y asesinato de una mujer en agosto de 1989 en una zona rural del país durante la pasada guerra civil. Más de 30 años después, aún se desconoce el paradero de la víctima.
“Después de décadas, nosotros estamos logrado una verdadera JUSTICIA. No nos vamos a detener”, informó en su cuenta de Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Según recordó el funcionario, la mujer fue sacada de su casa, en el cantón Santa Marta del departamento de Cabañas, en la zona central del país, por guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. “La acusaban de colaborar con el ejército, por lo que fue torturada y ejecutada”, aseguró Delgado.
Entre los detenidos está Fidel Recinos Alas, conocido durante la guerra como el comandante Raúl Hércules, de la Resistencia Nacional, una de las cinco organizaciones político-militares que integraban el FMLN guerrillero.
Recinos Alas fue después asesor del Ministerio de Seguridad en los gobiernos del Frente (2004-2019).
Según la acusación del Ministerio Público, el 22 de agosto de 1989, sujetos que se identificaban como comandantes de la guerrilla del FMLN irrumpieron en una vivienda del cantón Santa Marta, privaron de libertad a la víctima y la trasladaron a un campamento donde la torturaron y le quitaron la vida. Hasta la fecha, se desconoce su paradero.
En contraste con la tesis oficial, la Asociación de Desarrollo Económico y Social del cantón Santa Marta (ADES Santa Marta) denunció en un comunicado de prensa la detención de Miguel Ángel Gómez, Alejando Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, en esa comunidad, y la de Teodoro Antonio Pacheco y Saul Agustín Rivas Ortega, que se ejecutó simultáneamente en las oficinas de ADES, en el municipio de Guacotecti.
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La asociación alega que el delito que se atribuye a sus compañeros se habría perpetrado cuando aún no había iniciado el conflicto armado. “Todo este entramado pone en evidencia la construcción de un caso en forma exprés cuya finalidad real es atacar a la comunidad de Santa Marta y a la Asociación ADES, atracando a sus liderazgos”, protestó el organismo.
Las autoridades han añadido a los delitos señalados la acusación de pertenencia a asociaciones ilícitas, con toda la carga que reviste el término en el contexto salvadoreño actual, con un estado de excepción prorrogado por casi 10 meses que suspende el derecho a asociación como parte de la estrategia de lucha y persecución contra las pandillas y bandas criminales.
La guerra de 12 años de hace tres décadas se estima que dejó un saldo de 75.000 muertos, 12.000 desaparecidos y más de medio millón de salvadoreños desplazados. Concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de los acuerdos de Paz.