Cinco alcaldías en manos de la oposición nicaragüense fueron "tomadas de manera arbitraria" por concejales del partido del presidente Daniel Ortega, quienes nombraron a nuevos alcaldes oficialistas, denunciaron los agraviados, cuando faltan cuatro meses para los comicios municipales.
Los gobiernos municipales ocupados pertenecen a los municipios de El Cuá, San Sebastián de Yali y Santa María de Pantasma, juridiscción de Jinotega (norte); además de Murra, en el departamento de Nueva Segovia (norte); y El Almendro, en Río San Juan (sur). Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial.
"Las oficinas de la alcaldía están tomadas y los concejales del FSLN ya tienen su alcalde y vicealcalde. Se repartieron los cargos entre ellos", dijo a la AFP el defenestrado edil de San Sebastián de Yalí, Noel Moreno.
La medida fue ejecutada bajo el alegato de que "no tenemos partido ni personería jurídica", dijo Moreno.
La toma de las alcaldías ocurrió entre sábado y lunes con el despliegue de fuerzas antimotines al mando de dirigentes políticos del FSLN, quienes izaron la bandera de esa agrupación en los locales ocupados, según los denunciantes.
"A cuatro meses de las elecciones municipales [6 de noviembre] el régimen se toma de manera arbitraria cuatro alcaldías opositoras que estaban en manos del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL-derecha)", denunció el organismo de observación electoral Urnas Abiertas.
Desde el exilio, la presidente de CxL, Kitty Monterrey, "condeno enérgicamente" la ocupación de los gobiernos locales y demandó "respeto a su integridad física".
En 2017, el CxL ganó las elecciones en cinco de los 18 municipios en manos de la oposición, mientras 135 fueron para el FSLN.
En agosto de 2021, CxL, que lideraba una alianza opositora para competir con Ortega en elecciones generales, fue inhabilitado por el tribunal electoral. Los precandidatos por esa agrupación fueron presos.
Ortega, en el poder desde 2007, fue reelecto en noviembre para un cuarto período consecutivo con la mayoría de sus rivales encarcelados o exiliados, en medio de cuestionamientos y sanciones internacionales.
Monterrey consideró que el gobierno "está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral" lo que asegura "sigue siendo fundamental para que Nicaragua salga de esta profunda crisis".