Organizaciones de derechos humanos y representantes de la oposición nicaragüense denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntas restricciones sistemáticas a la libertad religiosa en Nicaragua y acusaron al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de proyectar una imagen internacional de respeto a la fe católica que, según sostienen, no refleja la situación dentro del país.
Entre los participantes estuvieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Denuncian restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua
Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil, afirmó que las limitaciones a la libertad de religión y de creencias se producen en un contexto de concentración del poder, persecución de opositores y cierre del espacio cívico.
Según las organizaciones denunciantes, las restricciones incluyen ataques contra iglesias, confiscaciones de infraestructura religiosa, eliminación de exenciones tributarias y cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones vinculadas con la fe.
También señalaron presuntos casos de persecución contra líderes religiosos, detenciones arbitrarias y desapariciones.
Acuña agregó que las familias de personas que murieron bajo custodia estatal habrían enfrentado prohibiciones para dar sepultura a sus cuerpos.
Advierten sobre controles a procesiones y celebraciones religiosas
Las organizaciones también cuestionaron la forma en que las autoridades permiten o restringen determinadas actividades religiosas.
Según Acuña, algunas celebraciones son autorizadas mientras otras son prohibidas, lo que genera incertidumbre entre los creyentes.
La representante de Cejil sostuvo que la autorización de ciertas actividades no significa necesariamente que exista libertad religiosa plena, y advirtió que esa imprevisibilidad puede utilizarse para generar temor entre la población.
Sacerdote exiliado denuncia una fachada de libertad religiosa
Rafael Aragón, sacerdote dominico español que obtuvo la nacionalidad nicaragüense en 1990 y vive exiliado en Costa Rica desde 2023, denunció ante la CIDH lo que considera un intento del Gobierno de normalizar la situación mediante la autorización de algunas procesiones.
Según Aragón, estas medidas buscan proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa y de conciencia frente a las presiones externas.
El sacerdote calificó esa aparente apertura como una fachada y aseguró que la presencia de policías y paramilitares durante algunas actividades religiosas limita el acercamiento de los fieles a las imágenes veneradas, restringe los recorridos tradicionales e impone horarios.
Aragón afirmó que estos controles buscan debilitar el papel histórico de la Iglesia católica en la sociedad nicaragüense.
Oposición denuncia persecución y exilio de líderes religiosos
Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado nicaragüense, también denunció ante la agencia EFE la situación de los derechos humanos en el país.
Carrión sostuvo que la represión afecta a distintos sectores de la sociedad y mencionó el exilio de sacerdotes católicos y representantes de iglesias evangélicas.
El activista afirmó que la situación representa un escenario de persecución que trasciende a la oposición política y alcanza también a comunidades religiosas.