La ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento de Venezuela continúa generando controversia, luego de que organizaciones de derechos humanos cuestionaran su alcance y aplicación, señalando que podría beneficiar principalmente al propio Estado en lugar de garantizar justicia para las víctimas.
Según explicó, aunque la ley cubre el periodo entre 1999 y 2026, se enfoca únicamente en 13 hechos específicos, lo que reduce significativamente su impacto real.
Cuestionamientos a la liberación de presos políticos
El activista sostuvo que todas las personas detenidas por razones políticas deberían ser liberadas sin condiciones, independientemente de la ley.
Asimismo, criticó que el proceso obligue a familiares a solicitar beneficios sin garantías claras, lo que, a su juicio, no pone fin a los patrones de abusos en el país.
También expresó preocupación por las cifras oficiales de liberaciones, al señalar que solo unas 690 personas han sido excarceladas, mientras que otros casos corresponden a detenidos que ya se encontraban bajo medidas cautelares.
Falta de transparencia y denuncias de represión
Gómez denunció la ausencia de un registro oficial claro de personas detenidas, lo que dificulta la verificación por parte de organismos internacionales.
Contexto político y preocupaciones por inversiones
El representante de Amnistía Internacional vinculó la aprobación de la ley con el contexto político y económico actual, marcado por contactos entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y la administración venezolana liderada por Delcy Rodríguez.
Según Gómez, estos acercamientos estarían enfocados en intereses económicos, especialmente en recursos naturales, lo que podría influir en decisiones relacionadas con el sistema judicial.
Advirtió que la falta de independencia judicial y seguridad jurídica representa un riesgo para inversionistas internacionales.
Rol clave de la sociedad civil
El activista subrayó la importancia de la sociedad civil para evitar la repetición de prácticas autoritarias en Venezuela.
En ese sentido, insistió en la necesidad de construir una agenda centrada en derechos humanos, que incluya garantías como la libertad de expresión y la separación de poderes.
Una ley en el centro del debate internacional
La ley contempla amnistías relacionadas con eventos como el golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela, el paro petrolero de ese mismo año y diversas protestas registradas entre 2004 y 2017, así como procesos políticos más recientes.
Sin embargo, expertos consideran que su aplicación selectiva y la falta de mecanismos de justicia transicional podrían limitar su efectividad y mantener abierto el debate sobre derechos humanos en el país.