La empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, anunció el inicio de un arbitraje internacional contra la naviera danesa Maersk, tras la ruptura de un contrato de largo plazo y la toma de sus terminales portuarias en Panamá.
Señalamientos contra Maersk y el Estado panameño
En un comunicado oficial, PPC acusó a Maersk de “socavar el contrato” y alinearse con el Estado panameño en lo que calificó como una campaña para desplazar a la empresa de sus operaciones.
Según la versión de PPC, el 23 de febrero fue expulsada de sus terminales mediante “medidas ejecutivas extremas”, lo que permitió la adjudicación de la operación del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de Maersk.
Fallo de la Corte Suprema y toma de los puertos
El conflicto se intensificó luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá anulara el pasado 30 de enero la concesión otorgada a PPC, vigente desde 1997 y renovada en 2021.
Tras esta decisión, el Estado asumió el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), marcando un punto de inflexión en la gestión portuaria del país.
Nuevos operadores en Balboa y Cristóbal
En medio de la transición, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asignó la operación temporal por un periodo de hasta 18 meses de los principales puertos del país:
- Balboa quedó bajo control de APM Terminals, vinculada a Maersk.
- Cristóbal fue adjudicado a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
Presiones internacionales y contexto geopolítico
El caso también se desarrolla en un escenario de tensiones internacionales. Estados Unidos ha señalado una supuesta influencia de China en el Canal de Panamá debido a la presencia de Hutchison en puertos cercanos, mientras que Pekín habría frenado la venta de activos del grupo hongkonés a un consorcio liderado por BlackRock.
Arbitraje en Londres y reclamos millonarios
El arbitraje entre PPC y Maersk se llevará a cabo en Londres y, según la empresa, es independiente de otras acciones legales contra el Estado panameño, al que acusa de mantener una conducta “anti-contrato y anti-inversionista”.
Además, PPC y CK Hutchison ampliaron recientemente sus reclamaciones contra Panamá en instancias internacionales, superando los 2.000 millones de dólares.