El Gobierno de Panamá informó que obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el que la entidad bancaria reclamaba una indemnización superior a 13,5 millones de dólares.
Banesco alegaba violación a tratado de inversiones
El arbitraje fue presentado en 2023 por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A., bajo el argumento de que las autoridades panameñas incumplieron obligaciones relacionadas con el “trato justo y equitativo” y la protección de inversiones extranjeras.
La entidad financiera cuestionaba la ejecución o posible ejecución de fianzas emitidas para respaldar contratos de obra pública incumplidos, asegurando que diversas instituciones panameñas actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia.
Además, Banesco sostenía que se vulneró el debido proceso, por lo que solicitaba una compensación económica inicial de más de 13,5 millones de dólares, monto que podía incrementarse en caso de nuevas ejecuciones de fianzas.
Tribunal determinó que Panamá actuó dentro de la legalidad
Sin embargo, en el laudo emitido el pasado 5 de mayo de 2026, el Ciadi rechazó la totalidad de las reclamaciones presentadas por el banco y ordenó a Banesco pagar 900.000 dólares al Estado panameño por concepto de honorarios legales y gastos del proceso.
El fallo establece que las entidades panameñas “no actuaron de manera arbitraria ni con intención de perjudicar a Banesco” y reconoce que la institución bancaria tuvo acceso a los mecanismos legales internos para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo.
Asimismo, el tribunal destacó que el estándar de “Trato Justo y Equitativo” invocado por la entidad financiera “no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial”.
Gobierno destaca importancia del fallo internacional
El Gobierno panameño calificó la decisión como una victoria jurídica y financiera para el país, al considerar que reafirma la actuación legal de las instituciones estatales y evita una millonaria indemnización contra el Estado.
El caso ante el Ciadi se suma a otros arbitrajes internacionales en los que Panamá ha defendido su posición frente a reclamaciones vinculadas a inversiones y contratos públicos.