El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, espera que las futuras concesiones para explotar los dos puertos ubicados cerca de ambas bocas del Canal den mas "dividendos" al país, puesto que ahora están gestionados de manera transitoria después de que el Supremo anulara el contrato que permitiría a una empresa china explotarlos.
Mulino dio esas declaraciones tras recorrer este jueves el Puerto de Balboa, ubicado en las proximidades del Canal de Panamá por el lado del Pacífico, en medio de la polémica internacional por el fallo del Supremo que retiró la concesión tanto de ese puerto como otro en el Atlántico a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, el 30 de enero.
Tras quedar sin efecto el contrato, las autoridades entregaron la operación transitoria de hasta 18 meses del puerto de Balboa (Pacífico) a APM Terminals, una filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal (Atlántico) a Terminal Investment Limited, brazo portuario de Mediterranean Shipping Company, hasta darlos en concesión por medio de un proceso de licitación.
Fallos de la Corte
El presidente panameño insistió en que la situación en los alrededores de los puertos comenzó tras el fallo del Supremo y no por decisión de su Administración. "Esto no es una expropiación, ni nada cercano a ello", recalcó al también destacar que su Gobierno "no se ha alineado con nadie".
La decisión del Supremo cayó en medio de las amenazas de EE.UU. a Panamá para retomar el Canal por una supuesta influencia de China en la vía a raíz de que la empresa china gestionaba a ambos puertos y mientras Pekín impedía que el conglomerado hongkonés vendiera a un consorcio liderado por el estadounidense BlackRock.
También, el fallo -inapelable contra la concesión a PPC, otorgada en 1997 y renovada en 2021- llegó después de años de denuncias contra ese contrato por presunta lesión al Estado, muchas de ellas formalizadas ante los organismos correspondientes pero que no prosperaron, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.
La situación dio paso a arbitrajes internacionales contra Panamá (por un valor superior a 2.000 millones de dólares) por una supuesta "toma ilegal" de los puertos y Maersk, además de tensiones en la movilidad marítima internacional después de que Pekín aumentara las detenciones de buques panameños en los puertos chinos.