La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado a la acción al destacar la urgencia de aprobar el Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación, al considerarlo una oportunidad histórica para dotar al país de un marco legal moderno que fortalezca la justicia, la transparencia y la confianza institucional.
La líder empresarial enfatizó que la lucha contra la corrupción no puede seguir postergándose y que el país necesita medidas contundentes para reconstruir la credibilidad del Estado y atraer inversiones sostenibles.
APEDE destacó que el proyecto no constituye una simple reforma penal, sino una apuesta por la eficacia, la rendición de cuentas y la cooperación internacional.
La propuesta amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece la autonomía del Ministerio Público y refuerza el control judicial, garantizando el debido proceso y los derechos de los investigados.
“Durante años, la debilidad procesal y la falta de herramientas efectivas han permitido que los casos de alto perfil de corrupción se pierdan entre auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas. El resultado ha sido una sensación generalizada de impunidad que debilita las instituciones y desalienta la inversión”, advirtió De Sanctis.
Economía y reputación en riesgo
En su análisis, APEDE recordó que la corrupción no solo es un problema ético o judicial, sino también un factor que afecta directamente la estabilidad económica y la competitividad del país.
El comunicado subraya que las calificadoras internacionales de riesgo como Moody’s, S&P y Fitch incorporan los niveles de gobernanza en sus evaluaciones:
“Cuando las instituciones se debilitan, el país pierde credibilidad, el costo del capital sube y el grado de inversión se ve amenazado. Por el contrario, cuando la justicia y la transparencia se fortalecen, el país gana acceso a capital en mejores condiciones y se convierte en un destino confiable para los negocios.”
Citando estudios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), APEDE resaltó que los países con mejores indicadores de gobernanza crecen hasta un 2% más rápido y logran una productividad más alta.
En el caso panameño, los indicadores siguen rezagados:
-
Transparencia Internacional (2024) ubicó a Panamá en el puesto 114 de 180 países, con una puntuación de 33/100, por debajo de su resultado en 2018.
El World Justice Project (2024) colocó al país en el puesto 72 de 142 en el Índice de Estado de Derecho.
El Banco Mundial (2023) lo situó en las posiciones 30 en Control de la Corrupción y 43 en Efectividad Gubernamental.
Estos resultados, según la organización, limitan el potencial de crecimiento, encarecen el crédito y reducen la inversión extranjera.
Una tarea compartida entre el Estado y el sector privado
APEDE insistió en que la Ley Anticorrupción debe acompañarse de mecanismos concretos, como auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y sistemas de denuncia seguros, apoyándose en la tecnología como aliada de la transparencia.
Además, enfatizó el rol del sector privado en la promoción de la ética empresarial y la rendición de cuentas.
“Promover la ética corporativa no es solo un deber moral, sino una inversión en competitividad. En un mundo donde los mercados valoran la gobernanza tanto como los resultados financieros, la integridad se ha convertido en una ventaja estratégica”, afirmó De Sanctis.
“Este es el momento de actuar”
La presidenta de APEDE cerró su mensaje con un llamado al consenso nacional.
“Panamá puede y debe ser ejemplo de un país que aprende de sus tropiezos. Tenemos talento, instituciones que pueden mejorar y un sector privado comprometido con el cambio. Este es el momento de alinear nuestras acciones con los valores que proclamamos: justicia, transparencia y desarrollo sostenible.”
Para De Sanctis, “solo un país confiable puede construir un futuro próspero”, y ese futuro —asegura— depende menos de las cifras y más de la capacidad colectiva de hacer que la ley se cumpla.