El presidente Laurentino Cortizo vetó parcialmente el Proyecto de Ley de Criptomonedas. La iniciativa legislativa presentada por el diputado independiente Gabriel Silva no pasó el filtro del Órgano Ejecutivo, quien consideró que el proyecto requiere de una adecuación. El vetó por inexequible al Proyecto de Ley 969, que intentó abrir el precedente para la comercialización y uso de cripto activos, la emisión de valor digital y la tokenización de metales preciosos, argumentó que la condición fundamental de un sistema financiero es la confianza para la atracción de capitales sanos e inversiones estables. Para el Ejecutivo, el documento va en dirección contraria a las legislaciones de GAFI.
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Según Silva, el proyecto de ley pudo haber sido una oportunidad para crear empleos, atraer inversión y fomentar empresas que tienen que ver con la innovación y la tecnología en Panamá.
"Veta que es inconveniente e inconstitucional también que se incluya también dentro de la agenda digital de la aig que implementen la tecnología blockchaim para tener procesos más eficientes y más transparentes en el sector gubernamental", expuso el diputado independiente Gabriel Silva. "Veta que es inconveniente e inconstitucional también que se incluya también dentro de la agenda digital de la aig que implementen la tecnología blockchaim para tener procesos más eficientes y más transparentes en el sector gubernamental", expuso el diputado independiente Gabriel Silva.
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Gabriel Silva pide adecuación a proyecto de criptomonedas.
Expertos consideran que en estos momentos, no es efectivo involucrarse en negocias que van en contra a lo estipulado por GAFI.
"Yo no creo que es el momento que un país que está en listas grises empiece a jugar con este tipo de cosas, que como digo, no producen nada para el país", expresó Felipe Argote, economista. "Yo no creo que es el momento que un país que está en listas grises empiece a jugar con este tipo de cosas, que como digo, no producen nada para el país", expresó Felipe Argote, economista.
Con la llegada del cuarto periodo legislativo a partir del 1 de julio, la Asamblea Nacional deberá revisar la inconstitucionalidad del proyecto en la Comisión de Gobierno y darle trámite en segundo y tercer debate .
