La ley 256 de 26 de noviembre de 2021 que establece la Facturación Electrónica sigue provocando posturas encontradas entre diversos sectores. La obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente a acreditar la operación de transferencia, es el tema en discusión. Hay un sector que avala la implementación de la facturación electrónica. Entre ellos la abogada especialista en Derecho Tributario, Marta Luna, que indica que la legislación sobre factura electrónica es un proyecto que puede complementar, no solamente con la fiscalización sino también con la propia contabilidad del individuo porque hoy por hoy corresponde sacar la Z con el sistema actual y sacar copias.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, apunta que los comerciantes tienen su regulación y que el Estado puede hacer su tarea de fiscalización con los comerciantes, sin embargo, afirma que a los profesionales no se les puede tratar de la manera en que se les está tratando y mucho menos poner una norma a tambor batiente inconsulta y sobre todo arbitraria "La arbitrariedad con la cual la misma ha sido llevada a la Asamblea Nacional y aprobada en 3 días consecutivos sin la participación de nadie es un tema para reflexionar", acotó.
Por su parte, la Dirección General de Ingresos asegura que está dispuesta a explicar los alcances de esta regulación, la cual consideran que no afecta a las partes en Panamá. El director Publio De Gracia dijo que con la nueva ley se trata de utilizar y aprovechar el facturador gratuito, porque las personas ya no van a tener que usar libretas de facturas. Resaltó que la norma entró en vigencia pero no ha sido reglamentada, que no es obligatoria para quienes ya son usuarios del sistema, pero sí para los nuevos registros de contribuyentes de la Dirección General de Ingresos en Panamá.
