Con relación a la actas ocultas del Consejo de Gabinete, el procurador de la administración Rigoberto González, remitió su opinión jurídica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y pidió que sea declarada inconstitucional la actuación del ministro y vicepresidente, José Gabriel Carrizo, porque "la información del Estado es pública".
En este caso, un aspecto que ha llamado la atención de los juristas es que el Vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo se extralimitó de sus funciones porque este tipo de decisiones son potestad del Presidente de la República. Siendo este el argumento central de la demanda presentada por Daniel Lombana y que respalda el procurador de la administración.
"Es un argumento que ataca el derecho que tenemos todos los ciudadanos para que nuestro estado opere correctamente", señaló el abogado Daniel Lombana.
Para la exdirectora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, toda decisión oculta se podría prestar para actos ilícitos que caerían después en la impunidad.
"Coincido con la decisión del procurador de la administración, toda información del estado debe ser pública. Esa era nuestra aspiración cuando presentamos el proyecto de ley de acceso público a la información", expresó la exdirectora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información.
En medio del Estado de Emergencia y compras directas del gobierno, fue emitida la resolución 71 del 4 de agosto de 2021, que declaró como acceso restringido por 10 años las actas, archivos y notas del presidente, vicepresidente y Consejo de Gabinete.