La presidenta de FEDECÁMARAS, Alicia Jiménez, pidió establecer una mesa técnica para analizar el proyecto de ley 226, que amplía los descuentos para jubilados y pensionados y que ahora está en manos del presidente de la República para su sanción o veto.
“Hay un compromiso y debemos tener un respeto hacia nuestros adultos mayores”, señaló, aunque advirtió que los micro, pequeños y medianos empresarios atraviesan dificultades por la reducción de las ventas y los ingresos.
Advierten riesgo para las pequeñas empresas
Según Jiménez, asumir de manera inmediata mayores descuentos puede representar una amenaza para la viabilidad financiera de pequeños negocios y poner en riesgo empleos formales.
La presidenta de FEDECÁMARAS explicó que los márgenes de ganancia de las pequeñas empresas son reducidos, por lo que absorber nuevos descuentos podría obligar a algunos comercios a trasladar costos a los consumidores.
Uno de los escenarios que planteó es el aumento de precios para quienes no son jubilados con el objetivo de compensar el impacto de los descuentos.
Cuestionan el crédito fiscal
Uno de los principales cuestionamientos de FEDECÁMARAS es el mecanismo de crédito fiscal contemplado como compensación para los comercios que aplican los descuentos.
Jiménez sostuvo que existe un desfase entre el momento en que el comercio asume el descuento y cuando puede recuperar ese monto mediante el crédito fiscal.
“Hay un desfase financiero”, explicó, al señalar que los negocios deben asumir el costo diariamente, mientras la compensación podría materializarse meses después o incluso al cierre del periodo fiscal.
Además, indicó que una empresa que tenga pérdidas o un impuesto sobre la renta inferior al valor de los descuentos podría no recuperar la totalidad del dinero entregado.
El impacto del “descuento sobre descuento”
Otro punto de preocupación es la aplicación de descuentos sobre precios que ya tienen promociones.
Jiménez señaló que esta disposición busca evitar que algunos comercios utilicen promociones para excluir a los jubilados del beneficio, pero considera que también requiere una revisión y consenso entre las partes. “Tenemos que discutir, analizar y llegar a un acuerdo”, sostuvo.
FEDECÁMARAS también cuestiona el costo para el Estado
La dirigente empresarial también advirtió sobre el impacto que podría tener el mecanismo de créditos fiscales en las finanzas públicas.
A su juicio, una transferencia masiva de estos costos mediante créditos fiscales podría reducir la recaudación tributaria del Estado en momentos en que se requiere mayor disciplina financiera.
Por ello, insistió en que el proyecto debe analizarse desde una perspectiva económica integral y no únicamente desde el beneficio directo para los jubilados.
El sector privado dice respetar los descuentos
Jiménez aseguró que FEDECÁMARAS ha promovido que los comercios cumplan con los descuentos establecidos actualmente por ley.
Reconoció que existen negocios que no aplican correctamente estos beneficios, pero señaló que no es posible fiscalizar individualmente a todos los establecimientos del país. “Nosotros somos los que más impulsamos que se respeten”, afirmó.
Proponen revisar las pensiones
Frente a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, Jiménez planteó que el debate también debe centrarse en sus ingresos.
Consideró necesario evaluar alternativas como la equiparación de las pensiones y la indexación, de manera que los ingresos de los jubilados puedan ajustarse de acuerdo con el comportamiento de los precios.
A su juicio, esto permitiría atender de manera más estructural las dificultades económicas que enfrentan los adultos mayores.
Mesa técnica, la propuesta de FEDECÁMARAS
FEDECÁMARAS espera participar en el diálogo convocado por el presidente de la República, con la participación del sector privado, los jubilados y el Gobierno.
Jiménez sostuvo que el objetivo no es eliminar los beneficios para los adultos mayores, sino encontrar un punto de equilibrio que permita protegerlos sin comprometer la estabilidad de las empresas.
La dirigente advirtió que un aumento de los costos para los comercios podría afectar el empleo formal y favorecer el crecimiento de la informalidad.