Nacionales 4 de marzo de 2025 - 16:27

Auditorías sobre Panama Ports "deben continuar hasta su finalización", advierte el gobierno

El gobierno panameño calificó la acción sobre Panama Ports como "una transacción global, entre compañías privadas, motivadas por intereses mutuos.

José Agustín Del Mar
Por José Agustín Del Mar

El Gobierno de Panamá se pronunció la tarde de este martes, tras conocerse el acuerdo de venta entre CK Hutchison Holding Limited y el conglomerado conformado por BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd sobre la administración de Panama Ports Company.

Panama Ports bajo auditoría

Sobre el particular, el gobierno panameño calificó esta acción como "una transacción global, entre compañías privadas, motivadas por intereses mutuos para llevarla a cabo"

"El Gobierno Nacional velará a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales, previo a cualquiera decisión de la AMP en representación del Gobierno Nacional de Panamá", destaca. "El Gobierno Nacional velará a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se cumplan todas las regulaciones y leyes locales, previo a cualquiera decisión de la AMP en representación del Gobierno Nacional de Panamá", destaca.

Además, el gobierno panameño destacó que la auditoría que adelanta la Contraloría General de la República, sobre Panama Ports "debe continuar hasta su finalización".

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Abogados han demandado el contrato de concesión con Panama Ports. AFP

Abogados han demandado el contrato de concesión con Panama Ports. AFP

El gobierno reconoce además que el resultado de dichas auditorías es un "factor importante" respecto de una nueva relación con el concesionario.

Hay que recordar que contra la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en las riveras del Canal de Panamá, también existen una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, S. A. (PPC) y que aguarda una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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