El presidente de la República, Juan Carlos Varela, instaló la tarde de este viernes el Comité Independiente de expertos nacionales e internacionales, para evaluar la estructura financiera del país, tras ser cuestionada luego de los “Panama Papers”.
El grupo lo integran renombradas figuras: Joseph Stiglitz (Estados Unidos), premio Nobel de Economía; Mark Pieth (Suiza), profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia (Costa Rica), quien fue rector de la Escuela de Negocios INCAE Business School; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y presidente de ABCO Global Inc.; Domingo Latorraca, socio-director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, ex presidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
El mandatario resaltó que los expertos se reunirán al menos una vez al mes, en persona o a través de medios electrónicos y que no recibirán remuneración económica, aunque sus gastos serán cubiertos por el Gobierno de la República de Panamá.
Durante el acto, el jefe del Estado panameño expresó “que la instalación de este Comité la hacemos en cumplimiento a nuestro deber como país, de seguir avanzando a favor de la transparencia y el fortalecimiento de nuestra plataforma de servicios logísticos y financieros, a fin de evitar que esta pueda ser utilizada para actividades ilícitas o para fines que no representan el bien común”.
Varela reafirmó que desde hace 22 meses, como Presidente de Panamá, su Administración retomó esos esfuerzos para aprobar importantes reformas legales e institucionales que permitieron sacar en tiempo récord al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Indicó que, de manera paralela, se mantuvieron conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “mucho antes de la reciente controversia mediática, la cual puso de manifiesto un problema global, que no es de Panamá, sino de muchos países del mundo, cuyas estructuras legales y financieras aún son vulnerables de ser utilizadas para fines que no representan el bien común”.