La Fiscalía Segunda Anticorrupción, a través del fiscal encargado, Javier Mitre Burgos, determinó hoy martes 19 julio, la medida cautelar de país por cárcel a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González.
La exfuncionaria está acusada por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (call center que funcionaba con fondos públicos), en la modalidad de tráfico de influencias y contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y otros fraudes, cometidos en perjuicio del Ministerio de Comercio e Industrias y la Asamblea Nacional (durante la administración del presidente Ricardo Martinelli).
Roniel Ortiz, abogado defensor de González manifestó su satisfacción ante la decisión de la Fiscalía, asegurando que "se hizo justicia tengo que reconocer y felicitar al Ministerio Público por haber tomado una decisión correcta…", asegurando que su cliente pudo dar sus declaraciones y presentar las pruebas de forma correcta, permitiendo "convencer al Fiscal que no la tenía que dejar retenida".
Agregó que con esta diligencia María Cristina González culminó con el descargo que le correspondía dar.