La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles lo que denominó una "ola" de amenazas y "restricciones al ejercicio de derechos fundamentales" en Venezuela.
Esto, apuntó la entidad, ocurre en "el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencia".
Para la CIDH, la decisión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles lo que denominó una "ola" de amenazas y "restricciones al ejercicio de derechos fundamentales" en Venezuela.
En una nota oficial, la CIDH y su Relatoría Especial para Libertad de Expresión mencionaron la "ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas".
Esto, apuntó la entidad, ocurre en "el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un referendo revocatorio presidencia".
Para la CIDH, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inconstitucionales y nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, constituye "una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos" consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, la entidad formuló a Venezuela un llamado a "cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, e instó al Estado a "no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes".
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del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inconstitucionales y nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, constituye "una restricción indebida al ejecicio de los derechos políticos" consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, la entidad formuló a Venezuela un llamado a "cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, e instó al Estado a "no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes".