Panamá, 19 de noviembre de 2020.
Estas modificaciones que fueron publicada en gaceta oficial el pasado mes de octubre, refuerzan la misión del Estado en salvaguardar los derechos de las niñas y niños y adolescentes, sobre todo los que se encuentran en estado de vulnerabilidad, desprotegidos y que carecen de los recursos básicos necesarios.
Este nuevo decreto, exige que los encargados de los albergues tengan título universitario en áreas de ciencias sociales, humanidades o afines, con experiencia comprobada en protección de la niñez. Deberán realizar cursos y capacitaciones en temas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Será de obligatorio cumplimiento, que los albergues cuenten con pólizas de seguro para atención de los infantes en caso de accidentes.
Se establecerán parámetros bien definidos para la autorización de apertura de un albergue y se asegurará el derecho de participación de la población atendida, adoptando mecanismos para escuchar y tomar en cuenta las opiniones, quejas y peticiones de los niños niñas y adolescentes.
También se crea el comité local de supervisión y monitoreo de los albergues, que estará representado en cada provincia, al cual le corresponde inspeccionar estos centros en sus áreas geográficas y le permite emitir criterios técnicos sobre el análisis de situación de la niñez.
El comité será integrado por un representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), un representante del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y un representante de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia, que la integran las ONG vinculadas al tema de protección de la niñez y adolescencia.
El comité monitoreará cada seis meses los albergues y una de sus labores será la de verificar que se cumplan las medidas para disminuir la posibilidad de contagios, garantizar a los niños atención médica completa, la calidad de los servicios ofrecidos y velará además porque se cumplan las normas que incluyen la cantidad de personal idóneo necesario por niño.
Los albergues deberán brindar un servicio óptimo para los pequeños de 0 a 4 años en el área de estimulación temprana, atención terapéutica y especializada.
La ministra de Desarrollo Social María Inés Castillo de Sanmartín reafirmó que es una de las labores importante del Estado la de supervisar y evaluar la calidad de estos centros, para garantizar que los servicios sociales dirigido a la niñez estén en apego al respeto de los derechos humanos.
FUENTE: Redacción Eco Tv