Panamá, 28 de febrero de 2021.
En su momento, se aplaudió que el actual Órgano Ejecutivo presentara al Legislativo las reformas al ordenamiento constitucional, que incluían la propuesta gremial de la CCIAP con respecto al Sistema de Administración de Justicia. Sin embargo, se tenía la expectativa que, como proponente de las reformas y en respuesta a la exigencia del electorado, el Órgano Ejecutivo diera un seguimiento celoso al proceso hasta hacer de la propuesta una realidad. La sociedad sigue esperando los cambios que ha reclamado por largo tiempo.
Hoy nos encontramos, nuevamente, frente al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas. Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar. Ante estos argumentos inconclusos y nada transparentes, la población merece respeto y explicaciones reales.
Tal y como advertimos cuando se nombró a quien ha renunciado, se trata de un punto de inflexión en la vida de la nación. Debemos acertar con este nombramiento, donde se requiere de una figura inmutable y con determinación, vertical, independiente, proba y que pueda liderar un Ministerio Público que, no solo persiga el delito, pero también lleve adelante procesos con resultados y consecuencias para quienes infringen la ley.
En aras de asegurar un desarrollo y un clima de estabilidad tanto social como político, el país necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Sin esto, caminamos sobre la errada senda de convertirnos en un ‘Estado Fallido’.
FUENTE: Redacción Eco Tv