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De La Guardia presenta proyecto de Ley de Retorsión a la Asamblea

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó este jueves 11 de agosto, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley, que subroga la Ley 58 de 12 de diciembre de 2002 y se reestructura las medidas de retorsión en caso de medidas discriminatorias contra Panamá por parte de otros Estados.

La iniciativa surge ante la insistencia de cualquier país, como hace Colombia, de aplicar una medida discriminatoria en contra de las importaciones provenientes de Panamá o el comercio de reexportación. El gobierno indicó que reestructurará las medidas de retorsión que rigen desde hace 14 años, las cuales ya fueron presentadas, el lunes, ante la Asamblea Nacional. Igualmente, se establece el análisis y revisión del cumplimiento de tratados, convenios y acuerdos ratificados y vigentes.

De La Guardia dijo a los diputados que en la iniciativa se incorporan nuevas definiciones, alcances, procedimientos, así como la creación de una lista para distinguir a los países o Estados que por diversas razones incurran en prácticas que discriminen o impliquen una lesión a los intereses económicos o bienes comerciales de Panamá.

Dichas medidas, que proponen un mayor blindaje de los intereses económicos y comerciales internacionales de Panamá, abarcan en lo tributario, de incremento arancelario, medidas migratorias y laborales.

Además se señala la restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del Estado sancionado, restricción o suspensión del movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros, incluido el movimiento o transporte de cargas peligrosas bajo la Clase 7 de la clasificación de carga peligrosa de la Organización Marítima Internacional (material radiactivo) o cualquier otra medida que tenga a bien aplicar el Consejo de Gabinete.

La tarea de la lista será en conjunto entre el MEF con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante resolución interministerial, que determinarán aquellos Estados que deban ingresar a esta.

El Gobierno, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que notificará por vía diplomática, al Estado que discrimina de su ingreso a la lista e invitará a las autoridades de dicho Estado a iniciar las conversaciones y negociaciones atinentes a corregir o eliminar las medidas discriminatorias o restrictivas en cuestión y a presentar los argumentos que consideren oportunos para sustentar.

Colombia aplica desde 2012 aranceles del 10% a los calzados y textiles provenientes de la Zona Libre de Colón y un cargo de cinco dólares por cada contenedor. El primer fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de noviembre pasado, le dio la razón a Panamá, que exige la eliminación de las sobretasas.

El Organismo de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ratificó en este mes a favor de Panamá la disputa con Colombia por la aplicación de un arancel mixto a la importación de textiles, confecciones y calzados, adoptado en marzo de 2013 por el país sudamericano.

El Gobierno colombiano resolvió en abril extender hasta el 30 de julio la validez del sobrearancel, que había vencido el 31 de marzo.

De acuerdo con el Gobierno, Colombia en derecho apeló, pero presentó “argumentos ofensivos hacia los panameños”, al calificar al país centroamericano como un gestor del blanqueo de capitales. Panamá presenta este proyecto dentro del marco legal, según dijo el titular.

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