El Ministerio de Educación ha enviado más de un millar de consultas a diferentes universidades privadas y públicas para intentar determinar cuántos docentes ejercen en el sistema sin los títulos que ostentan. Esta entrega periodística reconstruye, con cifras oficiales y el testimonio de quienes lo vivieron desde adentro, cómo Panamá ha intentado y fallado repetidamente cerrar la puerta por la que entran los títulos sospechosos.
Una verificación casi imposible
Sin embargo, determinar el número exacto de diplomas y/o títulos falsos que alberga el sistema del Ministerio de Educación (Meduca) es casi imposible. Para conocer su verdadera magnitud habría que revisar los documentos que alberga el sistema de aproximadamente 56 mil docentes que conforman la planta del Meduca y verificar, uno por uno, su autenticidad con las universidades o institutos que supuestamente los emitieron. Una tarea titánica.
En aproximadamente 100 historiales revisados para esta investigación, cada docente mantiene al menos cuatro títulos, lo que se traduciría en verificar un mínimo estimado de 224 mil documentos.
Las denuncias y complicidades que señala Molinar
Durante la gestión de Molinar, iniciada en 2024 y concluida en agosto de 2026, se puso en marcha una investigación para detectar documentos apócrifos, tras recibir denuncias de docentes que veían en las listas de concursos a colegas que, según aseguraban, nunca habían estudiado en las instituciones donde supuestamente habían obtenido sus diplomas.
Así tuvo su génesis el primer bloque de denuncias el 22 de abril de 2026. Tras las acciones legales, cerca de 200 colaboradores y docentes presentaron su renuncia o dejaron de asistir a sus puestos de trabajo en el sistema oficial.
La acumulación de expedientes es producto de la omisión de la institución, de administraciones que han mirado para otro lado, asegura Molinar, pero también “de muchas complicidades de grupos políticos, gremiales, de los mismos protagonistas del delito”.
Averiguaciones que no pueden hacerse en solitario, sin el respaldo institucional, “porque hay muchos interesados en que esto no se sepa”, enfatiza Molinar.
Lo que dicen los números
Para este trabajo de investigación se realizó un sondeo de todas las consultas del Meduca que recibieron las universidades estatales y algunas privadas. Los números arrojaron que, hasta el 29 de septiembre, la entidad había enviado 1,061 consultas. De ellas, se habían tramitado 834 y quedaban pendientes 227 hasta el cierre de este reporte.
De este monto, 646 consultas fueron confirmadas por los centros universitarios como genuinas, mientras que 177 no tenían respaldo en los archivos, lo que equivale al 21,2% de las solicitudes tramitadas.
10 de estas peticiones se refieren a expedientes que contaban con recibos de pago de los que no existen registros de calificaciones o créditos por estudios cursados y uno más cuenta con créditos académicos, pero no el diploma.
En proporción, de los centros que forman parte del sondeo, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (Umecit) mantiene el porcentaje más alto de títulos sin sustento, con un 75,6% (41 consultas, 31 diplomas no reconocidos).
A Umecit le sigue la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), donde consultaron 93 nombres. De ellos, se verificó la autenticidad de 52 diplomas, pero otros 30 carecían de registros académicos (32,3%).
En la Udelas detectaron 10 recibos de pago, de los cuales no hay registro de haber obtenido calificaciones o créditos por estudios cursados. También verificaron un caso en el que se registraron los créditos académicos, pero no del diploma. Datos que no se repitieron en otras universidades. Estos 11 casos completan las 834 consultas tramitadas.
La siguiente en la lista es la Universidad Nacional de Chiriquí (Unachi), con 24,1% de consultas sin registros en sus archivos. A esta universidad arribaron 355 expedientes divididos en 10 listados con fechas distintas, de los cuales se han tramitado 228 y 127 están pendientes de verificación. De este total, 55 diplomas no tienen título registrado.
En la Universidad de Panamá recibieron 360 verificaciones del Meduca en seis listados distintos 64, 29, 41, 21, 105 y 100, de los cuales 208 resultaron positivas (registradas correctamente), 52 negativas (sin respaldo, es decir, el 20% de las verificadas) y 100 continuaban pendientes de corroboración, según datos proporcionados por Ricardo Parker, secretario general de la casa de Méndez Pereira.
Por su parte, en la Universidad Tecnológica (UTP) y en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) indicaron que no constan consultas recibidas por el Meduca en relación con títulos que requieren verificación.
Las universidades privadas
Las falsificaciones no se limitan a las universidades públicas. En la Secretaría General de la Institución Superior de Administración y Educación (ISAE) arriban consultas desde 2022. Pero desde inicios de 2026 se han intensificado.
El rector Gustavo Mizraim González señaló que el Meduca solicitó corroboración de 212 solicitudes entre enero y septiembre de 2026, de las cuales 203 fueron confirmadas como egresados reales y 9 no aparecen en sus registros.
Otras instituciones, como el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación, también enviaron inquietudes. La Procuraduría General de la Nación hizo cuatro peticiones, todas confirmadas. Mientras que el Órgano Judicial realizó 2 solicitudes, ambas corroboradas por ISAE.
Mizraim González añade que han acentuado los controles internos: “hemos tenido que blindar con más papel para certificar todo”.
Pero mencionó que también han expulsado a estudiantes que han “querido incorporar malas prácticas o aprovecharse de algún vacío” en el sistema, sin especificar las fallas.
En 2024, recordó, recibió unas solicitudes del Meduca que resultaron en casos positivos, lo que derivó en los tribunales y culminó con acuerdos de pena.
El rector, quien también es vicepresidente de la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), se mostró sorprendido por una publicación reciente en redes sociales que ofertaba diplomas con los logos de diferentes universidades en los que aparecían los nombres de los rectores actualizados.
Le llamó la atención, afirma, “porque había una rectora que tenía menos de un mes de haber asumido el cargo y su nombre aparecía en las publicaciones”.
El hecho se acentúa por la coyuntura de la investigación interna del Meduca que intenta determinar la cantidad de docentes que ejercen con títulos apócrifos.
Aunado a lo anterior, en el mes de julio la asociación que aglutina a las universidades privadas emitió un comunicado en el que informó que había dado respuesta formal al Meduca a un total de 131 solicitudes de validación de expedientes.
De ellas, las inspecciones internas de registros revelaron que el 67% de dichos casos correspondía a títulos que nunca fueron emitidos por las instituciones.
Por consiguiente, se lee en el comunicado que los equipos legales de los centros de estudio que conforman la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA), 19 en total, fundamentarán acciones judiciales en delitos de falsificación de documentos en general, uso de documentos falsos, estafa y otros fraudes.
Lo que ya se detectaba entre 2021 y 2023
Volviendo al sector público, durante la gestión de la ministra Maruja Gorday de Villalobos (2019-2024) también se repitió el mismo problema, en esa ocasión, se centraron documentos de cátedras de posgrado y maestrías de universidades privadas que representarían un mayor puntaje en el concurso de docentes.
En total se interpusieron 38 denuncias por documentos detectados entre 2021 y 2023. Los casos se notaron en la Dirección Regional de San Miguelito, la Región de Panamá Este, la Dirección de Panamá Centro y la de Darién.
Como consecuencia de estas denuncias, el Meduca suspendió a siete docentes.
También se enfrentaron a personas que no habían sido nombradas; presentaron diplomas para su inscripción en el Registro Permanente de Elegibles, pero las respectivas universidades certificaron no haberlos expedido. Como consecuencia, se eliminaron del registro.
Tres horas para un diploma con créditos
En 2022, el Meduca coordinó con la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía una operación de compra controlada para desarticular una red dedicada a la venta de diplomas falsos.
El operativo se originó a partir de una publicación en Facebook Marketplace, en la que se ofrecía un título de la "Universidad Especializada de las Américas (Udelas)" por $800, con un enganche inicial de $30.
Lo detectó una funcionaria del Meduca, quien pidió anonimato por razones de seguridad, quedó sorprendida con la leyenda: “Se venden diplomas de primaria, secundaria, universidad y técnico”, recordó.
La servidora notificó a la ministra y lo denunció a las autoridades. Ella y su colega, otro funcionario del Meduca, hicieron un plan: compraron una credencial con el acompañamiento de la Policía.
Han pasado varios años desde entonces, pero ambos lo cuentan como si lo hubieran vivido ayer: “Pagamos $30 de abono y solicitamos un diploma de un supuesto interesado”.
El vendedor no tardó más de tres horas en entregarle el diploma que lo acreditaba como Licenciado en Docencia Informática Educativa, egresado de la Udelas.
El diploma venía con créditos de 12 cuatrimestres con la supuesta firma del secretario general.
“El papel contaba con sellos idénticos a los que emitía la universidad”, recuerda el funcionario que participó en el operativo.
“Era el paquete completo, casi con capa y toga para la graduación”, exclama ahora entre risas.
Al llegar al sitio pactado para la entrega, la policía detuvo a los vendedores. En su poder hallaron otros 25 diplomas.
El caso derivó en una condena de 6 años de prisión por los delitos de falsificación de documento y estafa.
Pese a que la Udelas fue la casa de estudios suplantada, no se constituyó como querellante en el proceso, sino como víctima.
Dos décadas de alerta
Como se ha documentado, este no es un problema nuevo ni reciente. Los testimonios recogidos para esta investigación permiten reconstruir una historia que se remonta a al menos dos décadas y ofrecen una primera dimensión de la magnitud del fenómeno, tanto por el número de casos como por el tiempo durante el cual estas prácticas han logrado persistir.
Una fuente que ocupó un alto cargo dentro del Ministerio de Educación que pidió no ser identificada por motivos de seguridad constató los primeros casos de esta naturaleza mucho antes de la crisis actual.
El primero, recuerda, ocurrió en 2005: una docente que reclamaba por qué no la habían seleccionado para una cátedra de español llevó a descubrir que otra persona presentaba créditos de la Universidad de Panamá con una foto y un nombre alterados a mano.
La universidad certificó que esa persona nunca había culminado sus estudios.
Tiempo después, ya en su rol dentro de la Dirección General de Educación, la fuente recibió otra alerta: se estaban vendiendo certificados de seminarios falsos a $50 cada uno.
Al investigar, encontró que la práctica estaba generalizada dentro del Ministerio.
“Esto está inundado”, recuerda haber pensado.
La institución que supuestamente emitía esos seminarios nunca los había dictado.
El entonces ministro Miguel Ángel Cañizales le sugirió que citara a los docentes que aseguraban haber tomado ese seminario.
“Cuando yo voy, veo una fila kilométrica que le da la vuelta al edificio”, cuenta, aún sorprendida de la cantidad de educadores que portaban el certificado.
El exministro Miguel Ángel Cañizales rememora el episodio con claridad: “Lo que hicimos fue hacer la denuncia ante el Ministerio Público”, manifestó.
En nuestra entrevista no logró precisar cuántas personas fueron procesadas en ese momento, aunque calculó una cifra: “Yo no recuerdo cuántas fueron, pero lo que sí le puedo decir es que eran de 300 a 400 que salieron con problemas”.
Sobre el mecanismo detrás del fraude, sostuvo que la sospecha inicial de complicidad universitaria no se confirmó: “Al principio se pensaba que había gente entre las universidades que estaba haciendo eso, pero no fue así. Eso lo hicieron expertos en diseño gráfico”.
En otra ocasión, la fuente decidió probar por cuenta propia qué tan vulnerable era el sistema de emisión de certificados dentro del propio Ministerio.
Se trasladó a la Dirección Regional de Educación de Herrera, en Chitré, y pidió al funcionario que la atendía que saliera un momento, "para no dejarlo que tocara la máquina".
"Yo me senté e hice dos certificados”, narra.
Enseguida los imprimió como prueba de lo que era posible hacer en un escritorio fuera de la sede central.
"Puse imprimir para tener una prueba", manifiesta, aún sorprendida de la fragilidad del sistema.
"Yo podía poner el nombre del curso que quería, podía poner Didáctica de la Matemática, podía poner lo que quería y el nombre que quería", manifiesta aún con cierto asombro.
Ya en un cargo directivo, entre 2008 y 2009, la fuente vivió un cuarto episodio.
Un hombre se le acercó con dos diplomas de licenciatura, ambos en papel pergamino, y le pidió que identificara cuál era el falso.
"No puedo distinguir cuál es cuál", le respondió.
El hombre le reveló entonces dónde se fabricaban: una imprenta en Colón, especializada en replicar diplomas y créditos de universidades privadas nunca de la Universidad de Panamá ni de la Tecnológica vendidos, según le dijeron, entre $2,000 y $3,000 cada uno.
En esa ocasión las falsificaciones eran únicamente de universidades privadas, pero durante el allanamiento policial no se logró recabar evidencia de cuántos diplomas se habían confeccionado ni a nombre de quién.
Cañizales recarga en el sistema de puntaje como el origen de todo esto:
“El contexto que facilitó el fraude se debió precisamente a que, durante ese periodo, el sistema de carrera docente otorgaba una gran importancia a la acumulación de puntos. Por eso la gente empezó a hacer trampa y fraude, porque usted llevaba el certificado; además de estar en un padrón elegible, usted podía tener un puntaje alto y ganar para ingresar al Meduca como profesor”.
El puntaje y los controles internos
La trampa no está solo en las imprentas clandestinas ni en la venta abierta de diplomas por redes sociales.
Está, y ha estado, dentro de la propia institución una falla que Meduca ha destapado, denunciado y prometido resolver al menos tres veces en veinte años.
Una deficiencia del sistema que involucra, de igual forma, la evaluación que deben hacer los supervisores y directores de los docentes a su cargo.
A veces “la cercanía entre docente y supervisor obstaculiza un proceso sincero, en otras ocasiones los propios evaluadores tienen cola de paja, y prefieren callar para evitar problemas”, aseguró un funcionario del Meduca entrevistado para esta investigación.
El nombramiento por puntaje sigue vigente, con matices. Y con él, la oportunidad de acceder a todo tipo de ofertas para hacer trampa, “aunque nada justifica la falsedad”, sentencia la exministra Lucy Molinar.