Los casos de homicidios aumentaron un 8 % en Panamá al sumar 300 entre enero y junio pasado, por encima de los 279 del mismo lapso de 2025, en medio de una ola de violencia atribuida por las autoridades a rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas.
La segunda región más violenta entre enero y junio fue el distrito de San Miguelito, situado en el área metropolitana, con 54 homicidios, un 4 % más que en el primer semestre de 2025, seguida de la provincia contigua de Colón, litoral Caribe, con 52 casos, un notable 10 % menos.
La provincia que más crecimiento de homicidios registró en el período en estudio fue la occidental de Chiriquí con el 240 %, al registrar 17 casos frente a los cinco del primer semestre de 2025.
El 93 % de las víctimas fueron hombres, la mayoría con edades entre 18 y 39 años, mientras que en el 85 % de los casos el crimen se perpetró con armas de fuego.
Las autoridades acusaron una ola de violencia durante este primer semestre que atribuyeron a las rencillas y lucha por el control territorial de las pandillas, incluidos cabecillas de estos encarcelados.
Pandillas identificadas
Según datos de la Policía Nacional, actualmente hay en Panamá 121 pandillas identificadas y las ocho más grandes (Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4L, Killa, Mafia Filipina, HP o Manzana Cere y Sinaloa) operan en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito y Colón.
En este primer semestre se han dado casos que han estremecido a la opinión pública, como el asesinato el 17 de junio de una niña de 10 años frente a su escuela en un ataque armado que iba dirigido contra su padrastro, señalado por las autoridades como un hombre con prontuario criminal.
El pasado 1 de junio Panamá registró además la fuga histórica de 195 reos de una cárcel situada en las afueras de la capital, de los cuales fueron recapturados casi todos en plazo de más de un mes.
Por ello, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció el pasado 1 de julio la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el despliegue de drones en los barrios como parte de una política de seguridad más dura contra el crimen.