La Contraloría General de la República reveló este miércoles que ha identificado un posible perjuicio económico superior a los B/.20 millones en las primeras auditorías realizadas a juntas comunales que manejaron fondos públicos durante el periodo 2019–2024.
Informe de la Contraloría
La información fue confirmada por el contralor general, Anel Flores, quien indicó que este monto corresponde a los hallazgos detectados en los ocho primeros informes de auditoría ya concluidos, así como a otros que están por finalizar en los próximos días. Según detalló, algunas irregularidades detectadas superan el millón de balboas, mientras que otras se sitúan entre B/.300 mil y B/.800 mil.
“El impacto económico varía según cada caso. Hay hallazgos que oscilan entre B/.300 mil y B/.800 mil, y otros que alcanzan varios millones. No obstante, los detalles específicos son ahora materia del Ministerio Público”, afirmó Flores durante la entrega de los informes a la institución judicial. “El impacto económico varía según cada caso. Hay hallazgos que oscilan entre B/.300 mil y B/.800 mil, y otros que alcanzan varios millones. No obstante, los detalles específicos son ahora materia del Ministerio Público”, afirmó Flores durante la entrega de los informes a la institución judicial.
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La Contraloría General de la República reveló este miércoles que ha identificado un posible perjuicio económico superior a los B/.20 millones en las primeras auditorías realizadas a juntas comunales que manejaron fondos públicos durante el periodo 2019–2024.
Auditoría avanza a 72 juntas comunales
El proceso de fiscalización abarca un total de 72 juntas comunales ubicadas en diferentes regiones del país. Según la Contraloría, entre seis y siete auditorías adicionales serán entregadas en los próximos días, completando una primera fase de 14 informes que reflejan el uso de fondos asignados a proyectos comunitarios.
Estas revisiones incluyen el análisis de la ejecución presupuestaria, documentación contable, visitas técnicas y verificación de obras y contrataciones financiadas con recursos públicos.
Los informes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será la entidad encargada de determinar si existen responsabilidades penales, civiles o administrativas derivadas de las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos.
La Contraloría reiteró que este proceso forma parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en el manejo de recursos que deben beneficiar directamente a las comunidades.
