La administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, explicó que el proyecto de reformas a la Ley de Energía impulsado por el Ejecutivo contempla aumentar las sanciones contra las empresas eléctricas y ampliar las facultades del regulador para intervenir cuando incumplan sus obligaciones.
ASEP aclara que la tarifa eléctrica no ha aumentado
Rodríguez aseguró que actualmente los usuarios pagan la tarifa aprobada en enero de 2026 y descartó que se haya producido un nuevo incremento.
La administradora de la ASEP explicó que el monto total de la factura depende del consumo de cada usuario. No obstante, reconoció que el regulador ha detectado casos de mala facturación y ha exigido a las empresas distribuidoras realizar las correcciones correspondientes.
Reforma eléctrica busca endurecer sanciones
Uno de los principales cambios contemplados en el proyecto de ley es el fortalecimiento de las herramientas con las que cuenta la ASEP para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas.
Rodríguez explicó que actualmente el regulador ya tiene capacidad para imponer sanciones, pero la reforma incorporaría nuevos elementos, incluyendo responsabilidades en el ámbito penal.
Según Rodríguez, las modificaciones entrarían en vigor a partir de su promulgación, aunque algunos artículos específicos comenzarían a aplicarse cuando se firme la próxima concesión, prevista para 2028.
Distribuidoras podrían volver a comprar energía directamente
Otro de los cambios que analiza la reforma está relacionado con la contratación de energía y potencia.
Rodríguez explicó que la propuesta busca que las empresas distribuidoras vuelvan a encargarse directamente de los procesos de compra mediante licitaciones, una función que actualmente realiza ETESA.
La administradora agregó que la ASEP trabaja con ETESA en un plan de expansión medible y verificable, con el objetivo de establecer compromisos que puedan cumplirse.
Reforma busca llevar electricidad a más familias
Rodríguez también reveló que aproximadamente 58 mil familias en Panamá todavía no cuentan con servicio de energía eléctrica.
Actualmente, la Oficina de Electrificación Rural (OER) tiene la responsabilidad de atender a estas comunidades. Sin embargo, la propuesta busca establecer nuevas obligaciones para las empresas distribuidoras.
La funcionaria explicó que actualmente estas viviendas quedan fuera de las obligaciones de las distribuidoras debido a que se encuentran fuera de sus respectivas áreas de concesión.
ASEP descarta que un comercializador mejore por sí solo el servicio
Rodríguez también se refirió a la propuesta de incorporar la figura del comercializador de energía al mercado panameño.
A su juicio, la creación de esta figura no necesariamente resolvería los problemas relacionados con la calidad del servicio eléctrico.
La administradora sostuvo que el principal objetivo de la reforma debe ser fortalecer las herramientas existentes para que el regulador pueda exigir a las empresas distribuidoras la calidad de servicio que corresponde a los usuarios.
ASEP pide fortalecer la Ley 6
Rodríguez insistió en que la reforma propuesta no busca sustituir las herramientas actuales, sino reforzarlas y añadir nuevos mecanismos de control.
En ese sentido, consideró que el debate debe centrarse en la capacidad de fiscalización y cumplimiento, más que en la incorporación de nuevos actores al mercado eléctrico.
Usuarios deben presentar denuncias directamente ante la ASEP
La administradora también hizo un llamado a los consumidores para que utilicen los canales oficiales de la ASEP al momento de presentar denuncias, reclamos o reportes relacionados con el servicio eléctrico.
La funcionaria indicó que los usuarios pueden acudir a cualquiera de las agencias de la ASEP a nivel nacional para presentar formalmente sus quejas y reclamos.
ASEP revisará nuevamente condiciones para tercer operador de telefonía
En cuanto al proceso para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, Rodríguez reconoció que la ASEP no participó en la etapa de precalificación.
Sin embargo, adelantó que el proceso tendrá una nueva revisión de las condiciones establecidas.