Estados Unidos ha deportado al menos 25.447 migrantes a terceros países mediante acuerdos suscritos durante la administración del presidente Donald Trump, según una investigación publicada este lunes por Forbidden Stories en colaboración con un consorcio internacional de periodistas.
De acuerdo con la investigación, Washington ha destinado unos 410 millones de dólares para facilitar estos acuerdos, mediante pagos directos a gobiernos receptores o a organismos internacionales involucrados en los procesos de deportación.
México concentra la mayoría de las deportaciones
De las 25.447 personas deportadas a terceros países, alrededor de 20.000 fueron enviadas a México, mientras que el resto fue distribuido entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico.
La investigación señala que Estados Unidos ha concretado acuerdos con 35 países, mientras que otros siete habían finalizado negociaciones para recibir deportados.
Las condiciones de los acuerdos no son uniformes. Algunos establecen qué nacionalidades pueden ser trasladadas y si los países receptores pueden aceptar personas con antecedentes penales.
La práctica también ha sido documentada por otras investigaciones y enfrenta desafíos judiciales en Estados Unidos. El pasado viernes, una corte federal de apelaciones rechazó una política que permitía deportaciones rápidas a terceros países sin garantizar a los migrantes una oportunidad adecuada para plantear posibles riesgos de seguridad.
Migrantes quedan en un "limbo legal"
La estrategia estadounidense ha generado cuestionamientos de abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Una investigación de AFP publicada anteriormente señaló que Washington ha utilizado restricciones de visado y otras medidas para presionar a países africanos a aceptar personas deportadas desde Estados Unidos.
Abogados consultados por AFP han advertido que algunos deportados pueden quedar en una situación de incertidumbre jurídica al ser trasladados a países con los que no tienen vínculos y donde pueden contar con mecanismos de protección limitados.
Forbidden Stories indicó que 49 de los 54 países africanos fueron contactados para determinar si estaban dispuestos a recibir deportados procedentes de terceros países.
Una oficina del Departamento de Estado negocia los acuerdos
Según la investigación, una división poco conocida del Departamento de Estado estadounidense, denominada Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025, ha gestionado buena parte de las negociaciones y los pagos relacionados con estos acuerdos.
La oficina está dirigida por el diplomático Christian Jove Ehrhardt.
Uno de los casos analizados es el de Camerún, país que en diciembre suscribió un memorando de entendimiento con Estados Unidos para recibir deportados.
Posteriormente, Washington anunció un programa de asistencia sanitaria de cinco años para Camerún por un valor cercano a los 400 millones de dólares. Además, el Departamento de Estado informó que entregaría otros 30 millones de dólares al ACNUR para apoyar programas relacionados con el retorno voluntario de refugiados y la migración irregular.
El primer vuelo con personas deportadas llegó a Camerún el 14 de enero.
Una investigación de AFP publicada en septiembre documentó posteriormente la situación de personas trasladadas a ese país, algunas de las cuales afirmaron enfrentar incertidumbre sobre su futuro y dificultades para acceder a servicios básicos.
Estados Unidos destinó millones de dólares a los países receptores
Los acuerdos también contemplan pagos directos a algunos gobiernos.
En Palau, una pequeña nación del Pacífico con menos de 18.000 habitantes, Estados Unidos acordó en diciembre de 2025 el traslado de hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares. Hasta ahora, solo tres personas han sido enviadas bajo ese acuerdo.
En Esuatini, más de 30 personas han sido trasladadas desde Estados Unidos desde 2025, en virtud de un acuerdo valorado en unos 5,1 millones de dólares. Reuters confirmó en agosto que el país había recibido nuevos deportados bajo este mecanismo.
De los 410 millones de dólares contemplados para los diferentes acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado citados por Forbidden Stories señalan que unos 81 millones de dólares estaban destinados directamente a los gobiernos signatarios.
El resto estaba destinado a organizaciones de asistencia internacional.
OIM y ACNUR cuestionan las críticas sobre su participación
La investigación también pone el foco en el papel de organismos internacionales que han recibido fondos estadounidenses relacionados con estos procesos.
Según los documentos citados por Forbidden Stories, más de 178 millones de dólares estaban destinados a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), mientras que otros 123 millones de dólares correspondían al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Ambas organizaciones han enfrentado cuestionamientos por su participación.
El ACNUR señaló a Forbidden Stories que no forma parte de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y los países receptores y que los fondos estadounidenses se utilizan conforme a su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.
Por su parte, un portavoz de la OIM afirmó que sus decisiones de aceptar financiación se basan en determinar si su participación puede mejorar las condiciones de vida de los migrantes afectados.
Las deportaciones a terceros países enfrentan desafíos judiciales
La estrategia de la administración Trump también ha provocado una disputa judicial en Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito determinó el 18 de septiembre que los migrantes deben contar con una oportunidad significativa para plantear objeciones antes de ser enviados a terceros países, en particular cuando alegan riesgos de persecución o tortura. La administración estadounidense ha señalado que prevé continuar defendiendo su política ante los tribunales.