La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció presuntos cobros irregulares realizados por jueces durante el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero y exigió actuar contra los responsables.
Las declaraciones se producen en medio de denuncias realizadas por familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos sobre supuestos pagos exigidos en algunos tribunales para entregar documentos de libertad plena.
Denuncian pagos en dólares para trámites de libertad
Familiares de detenidos habían alertado desde marzo sobre presuntos cobros en dólares en tribunales venezolanos para agilizar la entrega de notificaciones relacionadas con la amnistía.
La Ley de Amnistía fue aprobada en febrero y contempla beneficios para personas vinculadas con hechos políticos ocurridos desde 1999, aunque excluye delitos relacionados con corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos y operaciones militares.
Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido beneficiadas hasta la fecha por el proceso de amnistía, cifra superior a los 8.616 casos reportados oficialmente el pasado 22 de abril.
Gobierno venezolano impulsa reforma del sistema judicial
La mandataria aseguró que el Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, creado en enero tras asumir el poder, le ha permitido conocer “más a profundidad” los problemas del país y las deficiencias del sistema judicial venezolano.
Rodríguez también pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desarrollar una “doctrina sobre la diversidad sexual como un derecho humano fundamental”, en referencia a las demandas históricas de la comunidad LGTBI en el país.
Actualmente, en Venezuela las personas trans enfrentan limitaciones legales para modificar su identidad oficial y las parejas del mismo sexo no tienen reconocimiento matrimonial.
La ley de amnistía sigue generando debate en Venezuela
El proceso de amnistía impulsado por el Gobierno venezolano ha generado debate tanto dentro como fuera del país debido a las denuncias sobre exclusiones, retrasos judiciales y falta de transparencia en la publicación oficial de beneficiarios.
Organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han señalado que todavía permanecen cientos de presos políticos detenidos, pese a la aplicación de la medida.