El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta este viernes una votación decisiva en el Congreso de los Diputados sobre dos decretos destinados a abordar la crisis de vivienda en España, en un escenario marcado por la falta de apoyos parlamentarios y nuevas movilizaciones ciudadanas.
La votación se desarrolla mientras miles de personas se concentran en las inmediaciones del Congreso, en Madrid, para exigir soluciones ante el aumento de los precios de la vivienda y las dificultades para acceder a un alquiler asequible.
Miles de personas protestan frente al Congreso
Los manifestantes llegaron desde la céntrica Puerta del Sol, donde desde hace más de una semana permanece instalada una acampada para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.
Durante la protesta se escucharon consignas como "gente sin casas y casas sin gente".
Teresa Morollón, de 46 años, expresó su decepción ante la posibilidad de que los decretos no sean aprobados.
La zona del Congreso permanece rodeada por un amplio dispositivo de seguridad, con vallas y vehículos policiales, mientras dentro del hemiciclo el gobierno intenta conseguir los votos necesarios para aprobar sus propuestas.
¿Qué medidas incluyen los decretos de vivienda?
El Ejecutivo español aprobó los decretos el martes, en medio de una creciente presión social tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el apartamento en el que había vivido durante siete décadas.
Entre las medidas contempladas se encuentran la renovación automática de determinados contratos de alquiler una vez que lleguen a su vencimiento y restricciones a los desalojos de inquilinos considerados vulnerables.
Los decretos también incluyen disposiciones dirigidas a los denominados "fondos buitre", empresas o entidades de inversión que adquieren inmuebles con el objetivo de obtener rentabilidad.
Durante el debate, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la importancia de la votación.
Rodríguez sostuvo además que millones de personas se ven afectadas por las medidas incluidas en los decretos y que estas buscan facilitar el acceso a una vivienda digna.
Junts anuncia su rechazo y complica la votación
Las posibilidades de que el gobierno consiga aprobar los decretos se redujeron todavía más después de que Junts anunciara el jueves que votará en contra.
El respaldo de la formación independentista catalana, o al menos su abstención, era necesario para que el Ejecutivo pudiera intentar sacar adelante las medidas.
Junts reclamó al gobierno que retire los decretos y prepare nuevos textos antes de someterlos nuevamente a consideración del Congreso.
La situación refleja la dificultad que enfrenta Pedro Sánchez para construir mayorías parlamentarias estables debido a que su gobierno no cuenta con mayoría propia en la Cámara.
La oposición pide adelantar las elecciones
El eventual rechazo de los decretos también abrió un nuevo debate político sobre la continuidad de la legislatura.
Desde la oposición han aumentado las voces que reclaman a Sánchez adelantar las elecciones generales, previstas inicialmente para 2027.
El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió que los comicios se celebren cuanto antes.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, no se han ofrecido señales públicas de que exista una decisión para adelantar las elecciones.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que mantiene discreción sobre las conversaciones relacionadas con el futuro político del Ejecutivo.
La vivienda, uno de los principales problemas sociales en España
La dificultad para acceder a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España durante los últimos años.
Las movilizaciones se intensificaron después del desahucio de Maricarmen Abascal, cuyo caso se convirtió en un símbolo de la crisis habitacional.
La vivienda había sido adquirida por una empresa de inversión que pretendía incrementar el alquiler un 275%, según las informaciones difundidas sobre el caso.
El desahucio provocó nuevas protestas y acampadas en Madrid y otras ciudades españolas.
Abascal tiene previsto regresar al apartamento en el que residía después de alcanzar un acuerdo con el propietario.
De acuerdo con datos citados del Banco de España, el país, con cerca de 50 millones de habitantes, enfrenta un déficit aproximado de 700.000 viviendas.