Con una convocatoria en Panamá que supera los 1,000 participantes entre modalidad presencial y virtual, el sector no financiero de Panamá celebra el Primer Congreso Internacional de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) , un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales.
Servicios legales y contables, desarrollo inmobiliario, zonas francas, comercio especializado, transporte de valores y la industria de juegos de suerte y azar forman parte del grupo de actores que participan activamente en el encuentro.
El Congreso reúne a especialistas de organismos nacionales e internacionales, consultores técnicos y autoridades del sector no financiero de la región. Las discusiones giran en torno a los retos actuales, desde la supervisión basada en riesgos hasta los nuevos escenarios que plantean los criptoactivos, la inteligencia artificial, el beneficiario final y la proliferación de armas de destrucción masiva. La participación de expertos de GAFILAT, la Unión Europea, Kroll, la Cámara Fintech de Panamá, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, como también autoridades de Perú y El Salvador quienes refuerzan el carácter internacional del encuentro.
Análisis y articulación técnica
Durante la inauguración, la superintendente Isabel Fernández destacó el momento que vive el país: “La respuesta del sector demuestra un compromiso real con elevar sus estándares. Este Congreso es un espacio para actualizarse, compartir experiencias y avanzar hacia un sistema de cumplimiento más robusto y competitivo”.
El Congreso se consolida como un espacio permanente de análisis y articulación técnica, fortaleciendo la coordinación entre el sector privado, los gremios y las autoridades. Para la SSNF, el encuentro representa un paso decisivo en la construcción de un sistema preventivo más sólido, transparente y preparado para los estándares globales.
La SSNF es un organismo autónomo del Estado creado mediante la Ley 124 de 2020, con competencia exclusiva para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los Sujetos Obligados No Financieros definidos en la Ley 23 de 2015. Su función es verificar que estos sectores apliquen de manera efectiva los mecanismos de prevención en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) , fortaleciendo la integridad y la confianza pública en el sector no financiero.