La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) solicitó este domingo el veto total de proyecto de ley 226 que amplía el margen y establece nuevos descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en establecimientos comerciales, Según el gremio la norma impone "presiones" a las MiPymes.
El gremio destacó que deben evaluarse opciones para proteger a los jubilados, pensionados y adultos mayores pero de manera sostenible y viable.
Según la Cciap, para una MiPyme los descuentos obligatorios representan una reducción directa de sus ingresos, mientras deben continuar afrontando costos como salarios, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos.
El gremio señaló que estas empresas no cuentan con una capacidad ilimitada para absorber aumentos permanentes en sus costos. Ante ese escenario, advirtió que podrían verse obligadas a reducir sus márgenes de ganancia, aumentar precios, postergar inversiones, limitar nuevas contrataciones o incluso cerrar operaciones.
Cuestionan el crédito fiscal
La Cciap también se refirió a la propuesta de establecer un crédito fiscal del 100% para compensar los descuentos aplicados.
Aunque consideró que el reconocimiento fiscal de estos beneficios es un asunto que debe ser atendido, sostuvo que el crédito fiscal no resolvería por sí solo el problema.
A juicio del gremio, antes de implementar este mecanismo debe determinarse su viabilidad, el costo que representaría para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.
La organización empresarial planteó además que debe abrirse una discusión más amplia sobre si es sostenible continuar ampliando las políticas sociales mediante obligaciones que recaen directamente sobre determinados sectores productivos.
Piden una revisión integral
El gremio empresarial insistió en que la protección de los adultos mayores debe mantenerse como una prioridad, pero consideró que su financiamiento no puede descansar de manera creciente y permanente sobre las empresas.
Por ello, propuso evaluar el régimen de beneficios vigente y medir el impacto de las nuevas disposiciones sobre los precios, el empleo, la inversión y las MiPymes.
Por otro lado, expresaron inconformidad, debido a que durante años, distintos sectores han asumido beneficios establecidos por ley sin un reconocimiento fiscal equivalente.
"Incorporar un crédito fiscal del 100% no corrige por sí solo el problema de fondo. Primero debe determinarse su viabilidad, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo. Y aun si ese mecanismo funcionara, seguiría pendiente la pregunta principal: ¿es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas al tejido empresarial?", cuestionaron.
El gremio también pidió fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya están establecidos y abordar las deficiencias de los servicios públicos que llevan a algunos adultos mayores a buscar en el sector privado soluciones que, según la organización, deberían recibir oportunamente por parte del Estado.