Panamá fortalece su capacidad para responder a los impactos del cambio climático con un enfoque ordenado, preventivo y basado en derechos humanos. De este modo, el país busca mitigar pérdidas, daños y desplazamientos. Asimismo, establece lineamientos para la reubicación planificada de aquellas comunidades expuestas a riesgos, informó este viernes el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
El Protocolo constituye un instrumento operativo de política pública que establece criterios, procedimientos y estándares mínimos para orientar la identificación, evaluación, decisión, planificación, implementación y seguimiento de procesos de reubicación planificada. Esta medida se plantea como un último recurso, priorizando previamente la reducción del riesgo y las medidas de adaptación en el sitio de origen.
El instrumento establece seis fases, que abarcan desde la identificación hasta la estabilización, el seguimiento y el cierre. Para ello, incorpora nueve principios rectores enfocados en la protección de los derechos humanos, la no discriminación, la accesibilidad universal y la participación efectiva. Además, promueve la transparencia, la gestión integral del riesgo y la sostenibilidad ambiental.
El protocolo incluye salvaguardas específicas para los pueblos indígenas, garantizando el consentimiento libre, previo e informado en caso de reubicación. Finalmente, se fortalece la articulación entre instituciones nacionales y actores territoriales mediante una Mesa Nacional de Coordinación y Mesas Locales, respetando siempre las competencias legales de cada autoridad.
La versión validada incorpora los aportes recogidos durante el proceso de consulta pública desarrollado entre abril y mayo de 2026, que incluyó 3 sesiones virtuales y 13 jornadas presenciales en 10 provincias y 2 comarcas del país, con la participación de 515 personas, 56 % de ellas mujeres y 18 % población indígena autoidentificada.
Retos
La directora nacional de Cambio Climático de MiAMBIENTE, Ana Aguilar, destacó que “la validación del Protocolo representa un paso importante, pero no es el punto de llegada”, y subrayó que su avance debe ser un esfuerzo colectivo del conjunto de las instituciones con competencias en la materia.
“El reto ahora es convertir este instrumento en una herramienta efectivamente institucionalizada y aplicable en el territorio, para que, cuando una reubicación sea necesaria, pueda realizarse de manera coordinada, informada, participativa y respetuosa de los derechos de las comunidades”, sostuvo.
Su validación da inicio a una nueva etapa enfocada en la adopción legal y operacionalización. Este proceso reforzará las capacidades de las instituciones responsables, los mecanismos de coordinación, las herramientas de aplicación y los sistemas de seguimiento. De este modo, el marco se traducirá de forma progresiva en una capacidad efectiva del Estado para anticipar riesgos, tomar decisiones informadas y acompañar procesos de reubicación que protejan a las comunidades y eviten nuevas vulnerabilidades.
Como parte de la agenda de la reunión, la Autoridad del Canal de Panamá presentó al Comité el estado del monitoreo climático e hidrológico del país y las medidas adoptadas frente al Fenómeno de El Niño.