AMBIENTE Ambiente -  18 de noviembre de 2026 - 09:00

Autoridades desmantelan punto de extracción ilegal de oro en Donoso, Colón

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los presuntos infractores de la extracción ilegal huyeron hacia la zona boscosa, dejando abandonados equipos.

Por REDACCIÓN ECO

Equipos utilizados para la extracción ilegal de oro fueron decomisados en un área protegida de Donoso tras un operativo que obligó a los presuntos responsables a huir y abandonar la maquinaria en plena zona boscosa. El hallazgo incluyó bombas de succión, combustible, mangueras y otras herramientas empleadas en esta actividad que amenaza los ecosistemas y fuentes hídricas de la región.

Operación en Donoso

La operación fue detectada por guardaparques del Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, durante un recorrido de vigilancia realizado en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los presuntos infractores huyeron hacia la zona boscosa, dejando abandonados los equipos utilizados para la actividad minera. Todos los implementos encontrados fueron decomisados y permanecerán bajo custodia como parte de las investigaciones correspondientes.

Tras el hallazgo, MiAMBIENTE presentará la denuncia penal ante el Ministerio Público y desarrollará el proceso administrativo correspondiente a través de la Dirección Regional de Colón, con el fin de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones establecidas por la legislación ambiental vigente.

La detección de esta actividad ilegal se produjo durante los patrullajes permanentes que realizan los guardaparques en el Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera, como parte de las acciones de vigilancia destinadas a prevenir y combatir delitos ambientales dentro de las áreas protegidas del país.

La minería ilegal representa una de las principales amenazas para los ecosistemas y los recursos hídricos, ya que altera los cauces de los ríos, provoca erosión, degrada los hábitats naturales y genera graves impactos sobre la biodiversidad.

El Código Penal, en su artículo 399, establece penas de tres a seis años de prisión para quienes, infringiendo las normas de protección ambiental, extraigan minerales o causen daños que afecten el equilibrio ecológico y las fuentes de agua. Asimismo, la Ley 41 de 1998, General de Ambiente, prohíbe las intervenciones no autorizadas en cauces de ríos y áreas protegidas.

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