El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, Felipe Venicio Rodríguez, afirmó en su editorial dominical, que el futuro incierto generado por la opacidad que vive el país a nivel internacional continúa generando preocupación al gremio, que sigue de cerca su rol vigilante y objetivo, en pro de los diversos sectores y de la población panameña en general.
"Somos del concepto que antes de lo legal debe prevalecer lo moral, ya que las leyes deben ser cimentadas sobre bases decorosas, que impidan amañamientos para cambiar el sentido, creando ventajas a grupos que no necesariamente buscan el bienestar de la Nación, sino el beneficio propio", añadió Felipe Vinicio Rodríguez, financista y presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí.
En este contexto como todos sabemos, recientemente se registró una manifestación de ciudadanos sin inclinación política, donde unidos en una sola voz, salieron a exigir respeto al pueblo panameño y sensatez en temas como: residuo, fuero electoral, tope del gasto electoral, desvinculación de individuos de la vida pública y su impedimento como candidatos en contiendas si han sido sancionados, y un mayor equilibrio entre los géneros para postulaciones. Aunque la ciudadanía no solo decidirá por género, su elección deberá basarse en la capacidad o cualidades del candidato.
Es importante enfatizar que quienes se basen en estas reglas, no deben tener injerencias en las normas electorales a seguir, salvo que se detecte algún hecho inmoral, ilegal o inconstitucional, para que emitan la voz de alerta; sin embargo, no deben tener derecho a cambiar desde la posición en la que se encuentren, aspectos que evidentemente les favorezcan, para evitar conflictos de interés.
A su vez, Rodríguez indicó que es de prioridad, analizar a profundidad cada decisión por parte del Tribunal Electoral, quien es el árbitro y debe llevar adelante el proceso en conjunto un grupo representativo de diferentes sectores.
El gremio considera oportuno solicitar al Tribunal Electoral, que, culminado el primer debate en la Asamblea Nacional, se efectúe una rendición de cuentas sobre lo acordado, detallando cada iniciativa con su respectivo proponente, para que el país conozca el rostro de quienes realmente desean beneficiar o perjudicar la Nación en la contienda del 2024.
Contrariamente podría generarse un nuevo conflicto, ya que los ciudadanos merecen respeto y tienen derecho a conocer las normas que se impongan en las próximas elecciones, donde tendrán la última palabra.