Durante el estreno de su programa Enfoque Crítico, transmitido por ECOTV, el sociólogo panameño Danilo Toro analizó el debate abierto por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno a la educación y, destacando la relevancia histórica, política y social de retomar la discusión sobre una posible reforma educativa en Panamá.
Reforma educativa, una deuda de décadas
Toro recordó que, en su más reciente presentación pública ante periodistas del país, el mandatario colocó sobre la mesa la necesidad de un “cambio considerable en materia de educación” y utilizó de manera directa el término “reforma educativa”, una expresión que, según el analista, ha sido evitada por décadas debido a su carga histórica y política.
El sociólogo contextualizó el origen del término al remontarse a inicios de la década de 1970, cuando el general Omar Torrijos Herrera impulsó una serie de profundas transformaciones del Estado panameño. Entre ellas, destacó la campaña nacional de alfabetización de 1970, considerada la primera gran maniobra política del entonces gobierno, que apostó por la educación como eje de los cambios sociales.
“A lo largo de toda una década, Torrijos se propuso media docena de reformas del Estado”, explicó Toro, al enumerar transformaciones en la administración pública, el sistema de salud, el sector agropecuario y el ámbito laboral, así como la creación de figuras políticas como la Asamblea del Poder Popular.
Sin embargo, subrayó que fue precisamente la reforma educativa de finales de los años 70, específicamente en 1979, la que se convirtió en “un verdadero escenario de batalla política” y marcó la primera gran derrota del proceso revolucionario. Según Toro, ese episodio provocó que el concepto de reforma educativa se transformara en una palabra “tabú” en Panamá, lo que explicaría el uso actual de términos como “ley educativa”.
Pese a ese antecedente, el sociólogo reconoció como un mérito que el presidente Mulino haya colocado nuevamente la educación como prioridad nacional.
“El solo hecho de ponerlo como asunto de prioridad para el gobierno a mi criterio es un mérito”, afirmó, al señalar que también se reconoce de forma directa el vínculo entre una educación fallida y problemáticas sociales como la pobreza, la violencia y la criminalidad.
Asunto de prioridad nacional
Toro destacó además que el planteamiento presidencial incluye una delimitación temporal, lo que implica riesgos de improvisación, pero también la virtud de no prolongar indefinidamente un debate que, a su juicio, debe asumirse como una urgencia nacional. Asimismo, resaltó que se asignen responsabilidades más allá del gobierno, involucrando al sector privado, los gremios, los sindicatos y a la sociedad en su conjunto.
“Este es un asunto de todos y cada uno de los panameños”, subrayó, al considerar que la discusión educativa es incluso más relevante que la reciente reforma a la seguridad social, debido a su impacto directo en el futuro de niños y jóvenes.
Estadísticas alarmantes
En la parte final del programa, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Educación, Toro presentó datos oficiales del Ministerio de Educación (MEDUCA) correspondientes al periodo 2020–2024, los cuales evidencian una tendencia a la baja en la matrícula del nivel medio oficial. Según detalló, los estudiantes matriculados pasaron de más de 146 mil en 2020 a alrededor de 135 mil en 2024.
A ello se suma el incremento sostenido de estudiantes aplazados, reprobados y desertores. Los aplazados aumentaron de poco más de 13 mil en 2020 a más de 22 mil en 2024, mientras que los reprobados y desertores también mostraron una tendencia al alza, acentuada durante la pandemia de COVID-19.
Toro precisó que, en ese quinquenio, alrededor de 25 mil niños y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo, por lo que él denomina “ruptura escolar”, una condición que, según advirtió, compromete seriamente su futuro. Además, estimó que solo el costo asociado a los estudiantes reprobados representa una pérdida superior a 140 millones de dólares para el Estado.
“Necesitamos resucitar la educación en Panamá”, concluyó el sociólogo, al reiterar que la discusión entre reforma educativa o ley educativa debe ser clara, abierta y libre de intereses mezquinos, reconociendo que el debate político es inevitable, pero necesario para enfrentar la crisis del sistema educativo nacional.