París, Francia | AFP | martes 24 de noviembre de 2020
Tres días después del final de los debates y tras manifestaciones que reunieron a miles de opositores en toda Francia, los diputados aprobaron por 388 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones el texto, presentado por el partido presidencial LREM y su aliado Agir.
El siguiente paso es el Senado, donde será debatido en enero.
El proyecto de ley sobre seguridad incluye disposiciones sobre las cámaras para peatones o el uso de aviones teledirigidos, y ha suscitado la preocupación de las asociaciones ciudadanas o de los activistas de izquierda, pero es el artículo 24 del texto el que ha cristalizado las pasiones y los antagonismos.
Para "proteger a los que nos protegen", sobre todo "en las redes sociales", el partido presidencial quiere castigar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros (53.000 dólares) la difusión de "la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación" de los miembros de la fuerza policial en intervención, cuando "dañe" su "integridad física o psicológica".
Esta medida fue bien recibida por los sindicatos de la policía, pero ha provocado una protesta entre los partidos de izquierda y entre los activistas de las libertades civiles, que la consideran como un "ataque desproporcionado" a la libertad de informar, y un signo de una nueva deriva autoritaria del gobierno de Emmanuel Macron.
La mayoría quiso acallar la controversia reescribiendo el artículo en cuestión. Tras cuatro horas de un intenso debate, la Asamblea aprobó finalmente el polémico artículo por 146 votos a favor y 24 en contra. El texto ahora especifica que el futuro delito no puede "perjudicar el derecho a informar" y que la intención maliciosa contra la policía debe ser "manifiesta".
Treinta y tres personalidades que votaron por Emmanuel Macron en 2017, desde el cineste Costa-Gavras hasta el futbolista Lilian Thuram, pidieron el domingo que se retirara este proyecto de ley.
Incluso Bruselas comentó la cuestión. La Comisión Europea dijo el lunes que los periodistas deben poder "hacer su trabajo libremente y con seguridad".
A pesar de la aprobación inicial, el texto sigue provocando polémica en el seno de la mayoría presidencial.
Para el senador Philippe Bas, el futuro delito es "inaplicable e inconstitucional" y "un ataque a la libertad de prensa. "El Senado tendrá que corregirlo", advirtió.
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FUENTE: Agencia AFP