Miembros del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y diputados de la Asamblea Nacional acordaron que evaluarán los recursos asignados al sistema judicial, después de que los letrados exigieran con una protesta el aumento del presupuesto para 2017.
"No solo se debe mejorar el presupuesto del Órgano Judicial, sino que esa Administración debe contar con independencia financiera", sostuvo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, quien se encontraba presente en la manifestación.
Díaz aseguró que se requieren fondos para la aplicación completa en el primer Distrito Judicial (Ciudad de Panamá y este de la ciudad) del Sistema Penal Acusatorio (SPA), un nuevo régimen procesal penal, y la carrera judicial, añadió.
El presidente del CNA, José Alberto Álvarez, indicó que tras la manifestación, el presidente de la Asamblea, Rubén De León, se comprometió con ellos en efectuar una reunión de trabajo después de que se instale la Comisión de Presupuesto en el nuevo período legislativo, para reasignar fondos de la vigencia fiscal de 2017.
El proyecto de presupuesto de 2017 aprobado por el Gobierno destina a la Justicia 305,5 millones de dólares, equivalente al 3,5 % de los ingresos corrientes del gobierno central, por encima del 2 % que establece la ley vigente.
Sin embargo, Díaz sostuvo hoy que esa inversión debería ascender hasta el 5 % para atender las necesidades del poder.
El vicepresidente del CNA Juan Carlos Araúz aseguró en declaraciones a Efe que el SPA presentará dificultades debido a las situaciones pendientes que hay en la actualidad, como la deuda de bonificación a personal que se retira del Órgano Judicial.
El abogado y catedrático Ernesto Cedeño, presente en la manifestación, sostuvo que el SPA y el Ministerio Público no tienen presupuestos adecuados, y consideró que el Gobierno tiene que buscar mecanismos para solventar esa deuda, como por ejemplo disminuir la planilla estatal.
Ayer, martes, el Órgano Judicial recibió una partida extraordinaria de 9,5 millones de dólares como parte de un crédito extraordinario para la aplicación del SPA y del queda pendiente un traslado adicional de 10,5 millones proveniente del Ministerio de Economia y Finanzas.
Voceros de los abogados se opusideron hoy a que la Administración de Justicia deba depender de otras instituciones de Gobierno, como el Ejecutivo, para extender su funcionamiento durante el año.
El proyecto de presupuesto de 2017 establece 1.222 millones de dólares para el sector de orden público, seguridad y justicia, un 5,6 % más que el aprobado para este año.